Los alcaldes opositores Gustavo Marcano y Ramón Muchacho, el líder de Voluntad Popular Carlos Vecchio y otros 14 venezolanos se reunieron este miércoles en privado con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para conversar sobre la situación política, económica y social de Venezuela.  


En la reunión celebrada en Florida- Miami, también estuvieron presente los magistrados designados por la Asamblea NAcional Antonio Marval y Alejandro rebolledo entre otros, así como el gobernador de Florida, Rick Scott, el congresista Mario Díaz-Balart, quienes presentaron su preocupación a lo expuesto.
El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, sostuvo que “durante el encuentro abordaron los problemas que afectan a Venezuela, como lo son: la violación a los derechos humanos, así como la escalada de persecución en contra autoridades electas y dirigentes políticos de oposición y la grave crisis de escasez de medicinas y alimentos, este último envuelto en un sin fin de irregularidades en donde hasta el mismo Nicolás Maduro se encuentra involucrado tal y como lo denunció la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, hace minutos desde Brasil“.
Marcano, detalló cómo la problemática social y económica que afronta Venezuela en la actualidad “ha deteriorado la calidad de vida del pueblo venezolano frente a la mirada indolente del régimen de Nicolás Maduro, quien ha implementado políticas públicas erradas, con la finalidad de incrementar la miseria, desesperación y hambre, de esa manera aumentar la ola represiva, de persecución y tortura contra todo aquel que se oponga a sus ideales demagogos“.
“A muchos nos ha tocado dejar nuestra tierra más no abandonar a nuestra gente,solicitamos apoyo internacional para lograr el restablecimiento de la democracia en mi país que se encuentra secuentrado por un grupo de personas que claramente son los responsables de la destrucción de Venezuela“, dijo Marcano.
Asimismo, aprovecharon la oportunidad para conversar sobre los casos de los más de 20 alcaldes de oposición, quienes se encuentran amenazados, perseguidos y destituidos de sus cargos por respetar el derecho ciudadano a manifestar pacíficamente en las calles, recordando que las autoridades locales y municpales inhabilitados representan el 57,36% de la población.