Su ejemplo ha alertado a instancias internacionales acerca de la creciente represión en Venezuela. El martes, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas señaló al Gobierno de Maduro por el uso “generalizado y sistemático” de “fuerza excesiva” contra miles de manifestantes. El comunicado denunciaba detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a disidentes durante las protestas de la oposición, que han entrado ya en su quinto mes. 

“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenarez Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio.
“Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice a El País.


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Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando cerca de una”, explica.
En junio, Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en Barquisimeto, capital del estado Lara. “En la comandancia policial me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”, dice. Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron darme una constancia médica en un CDI”, explica.
Spider-Man, alias de un miembro del Movimiento de la Resistencia, no ha denunciado ante el Ministerio Público a los militares que, supuestamente, son culpables de la pérdida de su ojo izquierdo en una protesta durante la elección de la Asamblea Constituyente, el 30 de julio. “Antes me habían golpeado dentro de una comandancia de la policía de Lara, pero seguía protestando porque no tenía miedo”, indica. Clandestino y herido en Barquisimeto, este joven de 22 años asegura que sería un riesgo delatar a sus agresores. “Me meterían preso, ellos seguirían libres”, supone.