El Gobierno ha profundizado – tal como lo prometió – las medidas en contra de sus oponentes tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El enjuiciamiento y persecución a 13 alcaldes elegidos legítimamente es solo un preludio de lo que promete llevar a cabo la Comisión de la Verdad, una institución que parece convertirse en la aplanadora que acabará con toda voz disidente en Venezuela.
Desde que se estableció este cuerpo colegiado el pasado sábado 5 de agosto, el Ejecutivo ha ido avanzando en una escalada persecutoria en contra del liderazgo opositor, bajo la premisa de investigar supuestos “crímenes de odio” pero que en el fondo busca diseñar un sistema de justicia penal a su medida y que le permita enjuiciar a sus oponentes por razones políticas.
“La Comisión de la Verdad debe cooperar en la consolidación de un Estado de derecho, un Estado de justicia, determinar la verdad, aplicar la justicia para que a través de ella los venezolanos encontremos un espacio para la reconciliación, para la unión, pero para poder preservar la paz debemos definitivamente aplicar justicia a quien sea responsable de estos hechos de violencia”, advirtió su presidenta, Delcy Rodríguez.
En momentos en que la oposición venezolana se prepara para encarar unas elecciones regionales con condiciones totalmente adversas, los expertos consultados por Caraota Investiga temen que las decisiones que emanen de la Comisión de la Verdad dejen a los venezolanos en un estado de absoluta indefensión jurídica, en vista de los primeros actos ejecutados por el cuerpo colegiado que parecen apuntar hacia una politización de la justicia.
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“Las comisiones de la verdad están rodeadas de expertos, de gente transparente, de prestigio moral internacional y prestigio ético nacional. Pero en este caso está formada por partidarios del oficialismo que ya han sentenciado públicamente a las personas, mientras colocan al frente del Ministerio Público al defensor del pueblo, quien va a ser parte acusadora y defensora al mismo tiempo”, advirtió el abogado y defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, quien apunta a que la recién creada entidad acaba con toda posibilidad de apelar alguna sentencia motivada por razones políticas.
“A ese grado de indefensión yo lo he llamado la tiniebla jurídica, la oscuridad en derechos humanos donde no hay protección, no hay defensa ni posibilidad de que lleves a las víctimas ante las instancias encargadas de administrar la justicia”, explicó Narváez.
Además de la Comisión de la Verdad, la justicia militar trabaja en paralelo en la administración de justicia en Venezuela, un hecho que preocupa a los defensores de derechos humanos por su evidente violación a los principios establecidos en el Código Penal venezolano y en la propia Carta Magna.
“La justicia militar hizo desaparecer lo más sagrado de la Constitución venezolana que es el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la inclusión del juez natural. Además, la justicia militar está procesando a civiles, que es algo que está fuera de su ámbito jurídico. A eso le agregamos que el Código Penal militar está retrasado, porque no establece la progresividad en los derechos humanos. De manera que con todas estas medidas, junto al asalto al Ministerio Público, se acaban las garantías al debido proceso y a lo más sagrado, que es el hecho de que el monopolio de la justicia esté en manos del Ministerio Público”.
Narváez estima que la Comisión de la Verdad busca convertir a las víctimas en victimarios, lo que obligará a la sociedad civil venezolana a organizarse en otras instancias con el fin de, al menos, hacer visible el reclamo de sus derechos ante un ente que, a su juicio, “llegó para cobrar venganza”.
Sin guardar las formas
Para el analista político Eduardo Semtei, el Ejecutivo se enfrenta al control y la presión de los organismos multilaterales, los cuales se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que la Comisión de la Verdad se convierta en una especie de tribunal de inquisición que recrudezca la violación a los derechos humanos.
“Creo que esa conjunción de fuerzas internacionales va a terminar doblándole el brazo a la injusticia. La reciente declaración de los cancilleres es una denuncia increíblemente dura. Las sanciones de EEUU, de la Unión Europea y los comunicados de la ONU, todo va conformando un tsunami que tarde o temprano va a terminar llevándose todo este aparataje de maldad”, sentenció.
Mientras el desánimo y la resignación se apoderan del corazón de los venezolanos, Semtei advierte que la oposición venezolana continuará en su lucha pese a un panorama que luce cada vez más cuesta arriba, por lo que las alternativas de protestas deben ser reconfiguradas.
“Creo que las formas de lucha se combinan. Por un tiempo fueron trancazos, movilizaciones y marchas, pero las sociedades van cambiando y adaptándose a las circunstancias. Creo que ahora hay un movimiento mucho mayor hacia el ámbito internacional y al mundo electoral y esa es la fase que comienza ahora. No siempre la movilización en la calle es la salida. Hay distintas formas y la sociedad va entendiendo y practicando esas alternativas”, destacó.
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